Las pérdidas anuales a nivel global producto de los desastres se estiman en más de 732 mil millones de dólares y en el caso de Chile, se calcula que pueden ascender a 5,4 mil millones de dólares, situpandonos como uno de los países con mayores pérdidas anuales esperadas, tanto en términos absolutos como relativos, en la región de América Latina y el Caribe.

Es en ese contexto, que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en conjunto con la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Coalición para la Infraestructura Resiliente a Desastres (CDRI), entregaron los resultados del Proyecto “Reforzando la Resiliencia de la Infraestructura a Través de la Mejora de la Gobernanza”.

El evento congregó a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, banca internacional para el desarrollo y sector privado; entre quienes estuvieron la jefa de DEGREYD, enfermera Paola Pontoni; y el ingeniero civil estructural del DEGREYD, Renato Calcagno, encargado de la estrategia de establecimientos de salud resilientes a desastres de MINSAL, quienes valoraron la implementación de la Metodología Global para la Gobernanza de la Infraestructura Resiliente en Chile.

Esta iniciativa tiene como objetivos evaluar la capacidad del sistema de infraestructura para resistir impactos agudos y tensiones crónicas, identificar brechas y establecer un plan de acción para integrar principios de resiliencia en la infraestructura, protegiendo así la capacidad de proporcionar funciones críticas para el desarrollo del país. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de difundir e integrar en los distintos sectores vinculados a la infraestructura una conciencia basada en la evidencia sobre los dividendos de invertir en la resiliencia de la infraestructura.

Esta metodología ha adoptado un enfoque multisectorial para la reducción del riesgo, involucrando a una amplia gama de instituciones relacionadas con la gestión de la infraestructura, incluidos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Energía, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, así como las carteras de infraestructura social, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y sectores de alcance transversal, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa, entre otros. Además, se ha consultado a grupos de la sociedad civil y al sector privado. En su conjunto, la iniciativa ha servido para consolidar el ecosistema nacional de infraestructura resiliente, propiciando el establecimiento de la Mesa Intersectorial para la Infraestructura Resiliente de Chile.